La reciente crisis del gas, que genera distorsiones en su distribución y en su disponibilidad pone de manifiesto las fallas del sistema del monopolio y las regulaciones en la industria de la energía. Tarde o temprano, esto siempre sucede. Sea en Uruguay, en Argentina (donde la crisis de la energía es mucho más manifiesta), en Europa o en donde sea.
Cuando no hay competencia, los consumidores están prácticamente sometidos a lo que disponga el monopolio. No tienen más que dos alternativas: o comprarle al monopolio, o no comprar nada y por tanto renunciar a acceder al producto en cuestión. Y el efecto es que tarde o temprano, con la falta de competencia y por lo tanto, de incentivos para mejorar el servicio, el monopolio se convierte en un enorme monstruo ineficiente y burocrático.
Pero independientemente de esto, debemos preguntarnos: ¿cuál es el objetivo de monopolizar un servicio, en este caso, la energía? En realidad, deberíamos empezar por preguntarnos: ¿cuál es el objetivo de que el estado monopolice un servicio, en este caso, la energía?
La respuesta de la clase política es que la energía es una industria estratégica, y por lo tanto debe ser controlada por la sociedad. Esta respuesta es la que han venido dando tanto la derecha como la izquierda en este país, aunque actualmente es una bandera más de la izquierda que de la derecha. Si bien más recientemente en la historia ciertos sectores de la derecha han intentado "liberalizar" el sector energético, no olvidemos que los monopolios del estado fueron un instrumento de acomodo de las clases políticas de los partidos tradicionales a lo largo de todo el siglo XX, legitimado en la misma idea: que el sector energético es estratégico y debe ser controlado por el poder público para que las empresas privadas no se aprovechen de la producción y venta de un servicio tan esencial para la sociedad.
Es extraño cómo funciona el pensamiento, que podríamos denominar "de izquierda", dominante en la cultura de nuestras sociedades. Según el imaginario "de izquierda" el estado es la sociedad, la gente, el pueblo. Lo que pertenece al estado, pertenece a todos. Es extraño porque la experiencia siempre se ha encargado de demostrar lo contrario. Quienes deciden la gestión de las empresas públicas no es la gente, ni el pueblo. Son los políticos de turno, que han utilizado a las empresas públicas --y en general a todas las reparticiones del estado-- para acomodar familiares y amigos, y según el caso, para financiar las deficiencias presupuestales del gobierno central. Pero nunca para favorecer al consumidor quien, al contrario de lo que la teoría intervencionista nos dice, siempre sale desfavorecido.
Si la idea fuera favorecer al consumidor, entonces, ¿por qué no liberalizar la industria de la energía? Si realmente la empresa del estado da un excelente servicio, entonces ¿qué miedo le tienen a la competencia? Una de las ideas detrás de la regulación y la prohibición es que no se puede confiar a las empresas privadas la provisión de un sector tan importante como la energía. Pero si las empresas privadas no podrían ser capaces de proveer un buen servicio para un área tan importante, entonces ¿por qué prohibirlas? los consumidores eligirían aquella que les provee un mejor servicio a precios más baratos: la empresa del estado. No tienen la obligación de elegir a las privadas. La lógica intervencionista no tiene pues, asidero por este lado.
Otra idea que se maneja, muy relacionada a la anterior, es que si se liberaliza la producción de energía, vendrían las grandes multinacionales y con todos sus recursos le harían la competencia a la empresa del estado, la cual se vería en serios aprietos para sobrevivir. Este es un clásico razonamiento intervencionista. Sin embargo, la competencia no proviene de los recursos que tenga una empresa, sino de la capacidad de decisión de los consumidores. Una empresa puede venir del exterior con enormes montos de capital. Pero si no es capaz de proveer un servicio equiparable o mejor que proveen aquellos previamente establecidos, no es capaz de ganar ningún espacio en el mercado, simplemente porque los consumidores preferirán a los primeros.
Y si esos enormes recursos son bien aprovechados por la empresa nueva para lograr ejercer una fuerte competencia, es porque está proveyendo un mejor servicio o mejores precios. Y a la inversa, si la integridad de la empresa del estado se ve amenazada por la competencia, entonces es porque la empresa del estado no es capaz de proveer la calidad y el precio que ofrece dicha competencia.
Entonces ¿cómo se condice la idea de que un sector económico debe ser monopolizado por el estado, con la idea de que hay que proteger a la sociedad de los malos servicios de las empresas privadas que sólo buscan lucrar con un servicio de primera necesidad? Nada mejor para lograr buenos servicios, que permitir la libre competencia. Y el lucro es precisamente lo que impulsa a las empresas privadas a mejorar la calidad y los precios para lograr un espacio en el mercado.
Entre los defensores de los monopolios del estado también domina la idea de que en los países en donde se ha liberalizado, se han obtenido malos resultados. Es clásico el ejemplo de las privatizadas argentinas en la era menemista. Sin embargo, este argumento confunde privatizar con liberalizar. En los hechos jamás se han liberalizado los servicios (a no ser algunas excepciones). Simplemente se ha sustituido el monopolio del estado por monopolios u oligopolios privados. Liberalizar no es privatizar. Es permitir la libre competencia.
En el caso de Uruguay, sólo basta ver lo que ha sucedido con la desmonopolización del servicio de la telefonía celular. Tampoco es una total liberalización, porque aún la asignación de bandas de telefonía celular y el ingreso de nuevos competidores está regulado por el estado. Pero la reforma significó una liberalización parcial. ¿Y cuáles fueron los resultados? La explosión de la telefonía celular en Uruguay. Acceder a un celular es cada vez más accesible, casi podríamos decir que hoy en día los celulares están "regalados". Antes tener un celular era un privilegio de los sectores de la sociedad de mayor poder de consumo. Ahora cualquiera tiene un celular. Las tarifas son más baratas que antes, y hay más y mejores servicios que antes.
¿Cuál es entonces la razón de la ideología intervencionista para oponerse a que los consumidores elijan libremente a quién comprarle gas, a quien comprarle electricidad, a quién comprarle combustible? Y en este último caso, aún se podría decir: pero en Uruguay hay más de un proveedor de combustible. ANCAP no tiene el monopolio. Cierto, pero por un lado, el ingreso de la competencia está regulado por el estado, y por otro, ANCAP impone los precios de todos los combustibles, con lo cual no hay una verdadera competencia. Las empresas que vienen a "competir" con ANCAP al Uruguay, en realidad lo único que hacen es cubrir la demanda que ANCAP no puede satisfacer al precio impuesto. Si pudieran competir, entonces podrían vender más barato. Y por lo tanto, podrían ofrecer aún más combustible al mercado. Pero no es posible colocar más combustible en el mercado sin bajar los precios para que se genere la demanda adicional necesaria.
Cada vez que ANCAP decreta una suba de los precios del combustible, lo único que hace es ajustarlos a sus necesidades para poder sostener toda su ineficiencia. Nada tiene que ver el precio internacional del petróleo. O al menos, no es posible demostrar que esto es así sin la existencia de una verdadera competencia que pueda ofrecer mejores precios al consumo.
Y aquí aparece nuevamente el peor y más contradictorio argumento en favor de la regulación del mercado de los combustibles por parte de los políticos de turno: que ANCAP no podría sobrevivir con la competencia de las grandes multinacionales. Pero si no puede sobrevivir con esa competencia, es porque ANCAP está ofreciendo precios demasiado altos y los potenciales competidores podrían ofrecer mejores precios al público. ¿Esto último es un perjuicio para la sociedad?. Y si ANCAP está ofreciendo buenos precios y buen servicio entonces ¿por qué le temen a la competencia? La respuesta es porque saben que los competidores pueden satisfacer con mejores precios a los consumidores.
Exactamente lo mismo sucede con empresas como UTE. El monopolio de la producción y distribución de energía eléctrica debe ser defendido porque la competencia perjudicaría a UTE. Pero una vez más, si la competencia es capaz de perjudicar a UTE, es sólamente porque es capaz de ofrecer mejores servicios y mejores precios a la sociedad que UTE. ¿Es esto perjudicial para la sociedad?
Puede darse también el efecto inverso: que los nuevos competidores ofrezcan una tarifa mayor que la que ofrecen los monopolios públicos en la actualidad. Esto sólo puede sostenerse bajo la condición de que no hay suficiente oferta para atender una mayor demanda. Pero en este caso, tampoco existen perjuicios para la sociedad. Quien quiera seguir comprando a precios más bajos con el costo de tener que sufrir cortes en los servicios, lo puede seguir haciendo. No están obligados a comprarle a los que venden más caro. Además, están pagando menos, pero también están recibiendo menos, con lo cual en realidad no ganan nada. Lo mismo podrían lograr comprando de manera más racionada a las empresas que venden más caro. E incluso con ventajas, puesto que en los precios que se pagan en un sistema de libre competencia, el componente proveniente de la ineficiencia tiende a cero.
Defender los monopolios públicos contra los perjuicios causados por la competencia, es directamente atacar los intereses de los consumidores. No hay vuelta. Y quien quiera conocer la evolución más tardía de los efectos de todas las clases de regulaciones impuestas sobre los servicios de energía (limitación de la competencia, regulación de precios, subsidios), que cruce el charco.
Temas similares en otros blogs:
Crisis Energética, crisis de la república (Arg)
Comentario de libro: Herbert Spencer (Chile)
Cuando no hay competencia, los consumidores están prácticamente sometidos a lo que disponga el monopolio. No tienen más que dos alternativas: o comprarle al monopolio, o no comprar nada y por tanto renunciar a acceder al producto en cuestión. Y el efecto es que tarde o temprano, con la falta de competencia y por lo tanto, de incentivos para mejorar el servicio, el monopolio se convierte en un enorme monstruo ineficiente y burocrático.
Pero independientemente de esto, debemos preguntarnos: ¿cuál es el objetivo de monopolizar un servicio, en este caso, la energía? En realidad, deberíamos empezar por preguntarnos: ¿cuál es el objetivo de que el estado monopolice un servicio, en este caso, la energía?
La respuesta de la clase política es que la energía es una industria estratégica, y por lo tanto debe ser controlada por la sociedad. Esta respuesta es la que han venido dando tanto la derecha como la izquierda en este país, aunque actualmente es una bandera más de la izquierda que de la derecha. Si bien más recientemente en la historia ciertos sectores de la derecha han intentado "liberalizar" el sector energético, no olvidemos que los monopolios del estado fueron un instrumento de acomodo de las clases políticas de los partidos tradicionales a lo largo de todo el siglo XX, legitimado en la misma idea: que el sector energético es estratégico y debe ser controlado por el poder público para que las empresas privadas no se aprovechen de la producción y venta de un servicio tan esencial para la sociedad.
Es extraño cómo funciona el pensamiento, que podríamos denominar "de izquierda", dominante en la cultura de nuestras sociedades. Según el imaginario "de izquierda" el estado es la sociedad, la gente, el pueblo. Lo que pertenece al estado, pertenece a todos. Es extraño porque la experiencia siempre se ha encargado de demostrar lo contrario. Quienes deciden la gestión de las empresas públicas no es la gente, ni el pueblo. Son los políticos de turno, que han utilizado a las empresas públicas --y en general a todas las reparticiones del estado-- para acomodar familiares y amigos, y según el caso, para financiar las deficiencias presupuestales del gobierno central. Pero nunca para favorecer al consumidor quien, al contrario de lo que la teoría intervencionista nos dice, siempre sale desfavorecido.
Si la idea fuera favorecer al consumidor, entonces, ¿por qué no liberalizar la industria de la energía? Si realmente la empresa del estado da un excelente servicio, entonces ¿qué miedo le tienen a la competencia? Una de las ideas detrás de la regulación y la prohibición es que no se puede confiar a las empresas privadas la provisión de un sector tan importante como la energía. Pero si las empresas privadas no podrían ser capaces de proveer un buen servicio para un área tan importante, entonces ¿por qué prohibirlas? los consumidores eligirían aquella que les provee un mejor servicio a precios más baratos: la empresa del estado. No tienen la obligación de elegir a las privadas. La lógica intervencionista no tiene pues, asidero por este lado.
Otra idea que se maneja, muy relacionada a la anterior, es que si se liberaliza la producción de energía, vendrían las grandes multinacionales y con todos sus recursos le harían la competencia a la empresa del estado, la cual se vería en serios aprietos para sobrevivir. Este es un clásico razonamiento intervencionista. Sin embargo, la competencia no proviene de los recursos que tenga una empresa, sino de la capacidad de decisión de los consumidores. Una empresa puede venir del exterior con enormes montos de capital. Pero si no es capaz de proveer un servicio equiparable o mejor que proveen aquellos previamente establecidos, no es capaz de ganar ningún espacio en el mercado, simplemente porque los consumidores preferirán a los primeros.
Y si esos enormes recursos son bien aprovechados por la empresa nueva para lograr ejercer una fuerte competencia, es porque está proveyendo un mejor servicio o mejores precios. Y a la inversa, si la integridad de la empresa del estado se ve amenazada por la competencia, entonces es porque la empresa del estado no es capaz de proveer la calidad y el precio que ofrece dicha competencia.
Entonces ¿cómo se condice la idea de que un sector económico debe ser monopolizado por el estado, con la idea de que hay que proteger a la sociedad de los malos servicios de las empresas privadas que sólo buscan lucrar con un servicio de primera necesidad? Nada mejor para lograr buenos servicios, que permitir la libre competencia. Y el lucro es precisamente lo que impulsa a las empresas privadas a mejorar la calidad y los precios para lograr un espacio en el mercado.
Entre los defensores de los monopolios del estado también domina la idea de que en los países en donde se ha liberalizado, se han obtenido malos resultados. Es clásico el ejemplo de las privatizadas argentinas en la era menemista. Sin embargo, este argumento confunde privatizar con liberalizar. En los hechos jamás se han liberalizado los servicios (a no ser algunas excepciones). Simplemente se ha sustituido el monopolio del estado por monopolios u oligopolios privados. Liberalizar no es privatizar. Es permitir la libre competencia.
En el caso de Uruguay, sólo basta ver lo que ha sucedido con la desmonopolización del servicio de la telefonía celular. Tampoco es una total liberalización, porque aún la asignación de bandas de telefonía celular y el ingreso de nuevos competidores está regulado por el estado. Pero la reforma significó una liberalización parcial. ¿Y cuáles fueron los resultados? La explosión de la telefonía celular en Uruguay. Acceder a un celular es cada vez más accesible, casi podríamos decir que hoy en día los celulares están "regalados". Antes tener un celular era un privilegio de los sectores de la sociedad de mayor poder de consumo. Ahora cualquiera tiene un celular. Las tarifas son más baratas que antes, y hay más y mejores servicios que antes.
¿Cuál es entonces la razón de la ideología intervencionista para oponerse a que los consumidores elijan libremente a quién comprarle gas, a quien comprarle electricidad, a quién comprarle combustible? Y en este último caso, aún se podría decir: pero en Uruguay hay más de un proveedor de combustible. ANCAP no tiene el monopolio. Cierto, pero por un lado, el ingreso de la competencia está regulado por el estado, y por otro, ANCAP impone los precios de todos los combustibles, con lo cual no hay una verdadera competencia. Las empresas que vienen a "competir" con ANCAP al Uruguay, en realidad lo único que hacen es cubrir la demanda que ANCAP no puede satisfacer al precio impuesto. Si pudieran competir, entonces podrían vender más barato. Y por lo tanto, podrían ofrecer aún más combustible al mercado. Pero no es posible colocar más combustible en el mercado sin bajar los precios para que se genere la demanda adicional necesaria.
Cada vez que ANCAP decreta una suba de los precios del combustible, lo único que hace es ajustarlos a sus necesidades para poder sostener toda su ineficiencia. Nada tiene que ver el precio internacional del petróleo. O al menos, no es posible demostrar que esto es así sin la existencia de una verdadera competencia que pueda ofrecer mejores precios al consumo.
Y aquí aparece nuevamente el peor y más contradictorio argumento en favor de la regulación del mercado de los combustibles por parte de los políticos de turno: que ANCAP no podría sobrevivir con la competencia de las grandes multinacionales. Pero si no puede sobrevivir con esa competencia, es porque ANCAP está ofreciendo precios demasiado altos y los potenciales competidores podrían ofrecer mejores precios al público. ¿Esto último es un perjuicio para la sociedad?. Y si ANCAP está ofreciendo buenos precios y buen servicio entonces ¿por qué le temen a la competencia? La respuesta es porque saben que los competidores pueden satisfacer con mejores precios a los consumidores.
Exactamente lo mismo sucede con empresas como UTE. El monopolio de la producción y distribución de energía eléctrica debe ser defendido porque la competencia perjudicaría a UTE. Pero una vez más, si la competencia es capaz de perjudicar a UTE, es sólamente porque es capaz de ofrecer mejores servicios y mejores precios a la sociedad que UTE. ¿Es esto perjudicial para la sociedad?
Puede darse también el efecto inverso: que los nuevos competidores ofrezcan una tarifa mayor que la que ofrecen los monopolios públicos en la actualidad. Esto sólo puede sostenerse bajo la condición de que no hay suficiente oferta para atender una mayor demanda. Pero en este caso, tampoco existen perjuicios para la sociedad. Quien quiera seguir comprando a precios más bajos con el costo de tener que sufrir cortes en los servicios, lo puede seguir haciendo. No están obligados a comprarle a los que venden más caro. Además, están pagando menos, pero también están recibiendo menos, con lo cual en realidad no ganan nada. Lo mismo podrían lograr comprando de manera más racionada a las empresas que venden más caro. E incluso con ventajas, puesto que en los precios que se pagan en un sistema de libre competencia, el componente proveniente de la ineficiencia tiende a cero.
Defender los monopolios públicos contra los perjuicios causados por la competencia, es directamente atacar los intereses de los consumidores. No hay vuelta. Y quien quiera conocer la evolución más tardía de los efectos de todas las clases de regulaciones impuestas sobre los servicios de energía (limitación de la competencia, regulación de precios, subsidios), que cruce el charco.
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Crisis Energética, crisis de la república (Arg)
Comentario de libro: Herbert Spencer (Chile)
