Enrique Rubio y la independencia judicial

Escucho decir a Enrique Rubio que el texto interpretativo de la ley de caducidad devuelve la independencia al poder judicial...

1. Qué curioso alguien del frente amplio "defendiendo" la independencia judicial, herramienta que para el socialismo siempre fue un arma burguesa.

2. Ay Rubio, Rubio, si los jueces necesitan un permiso del parlamento para tomar una decisión sobre crímenes contra individuos, entonces ¿dónde está la independencia judicial? Independencia judicial es que los jueces puedan defender los derechos individuales sin importar las estupideces y las mezquindades ni de las mayorías ni de los políticos. Claro, independencia judicial... siempre y cuando no puedan tomar decisiones contra nuestras políticas. ¿acaso se respetó la independencia judicial cuando la Suprema Corte de Justicia (SCJ) consideró anticonstitucional el IRPF sobre las jubilaciones, y el gobierno se escapó creando un nuevo impuesto que lo sustituyera? Eso fue una demostración de fuerza, fue una demostración de que al gobierno no le importa en absoluto la independencia judicial, y que puede hacer lo que se le antoje.

Con este texto interpretativo el poder judicial no da un sólo paso hacia su independencia. Yo diría más bien que parece lo contrario: el parlamento se atribuye una facultad exclusiva de la SCJ, violando su independencia. Además la SCJ ya ha tomado algunas decisiones independientes con respecto a este asunto, declarando inconstitucional la ley de caducidad para varios casos cuyos denunciantes presentaron tal recurso, y el partido de gobierno no puede permitir que las siga tomando a sus espaldas.

Primero, porque establece serios precedentes de oposición al poder político que van mucho más allá del caso concreto de la ley de caducidad. Se trata de restablecer el poder absoluto, o al menos, su ilusión frente a la opinión pública, "permitiendo" a la SCJ lo que en los hechos ya estaba haciendo, y así disimular el precedente.

Y segundo, se trata de seguir alimentando el mito de que la izquierda es la defensora exclusiva de los derechos humanos. No se puede permitir que algo que no pertenezca a la izquierda defienda derechos humanos (estaría interesante que alguna vez opinen sobre los derechos humanos en cuba y venezuela), y la izquierda por tanto tiene que hacer algo para figurar en la foto.

Adicionalmente, se establece otro antecedente: que el parlamento está por encima de cualquier plebiscito. Antecedente que no me preocupa, dado que para mí da lo mismo si el poder lo tienen las mayorías absolutas o las parlamentarias: son dos formas de dictadura de todas maneras. Pero sí que va a generar fenómenos interesantes y puede ser un arma de doble filo...

Ley de Caducidad y doble discurso

En octubre del 2009, previo al plebiscito sobre la ley de caducidad, argumenté la inconveniencia de votar por su anulación (ver mi artículo sobre el caso). La razón es sencilla: ya la suprema corte de justicia había declarado inconstitucional la ley para un caso, y con este hecho se había establecido el precedente que permitiría continuar este camino para resoluciones similares para otros casos, y este nuevo escenario era mucho más favorable para la defensa de los derechos individuales que la anulación plebiscitaria, porque votar la anulación implicaría legitimar el mecanismo por el cual se promulgó la ley en primer lugar, y a través del cual una mayoría le impone a una minoría su concepto de justicia. Si la ley era anulada, se perdía además la oportunidad de mostrar lo necesario que es ponerle límites a lo que opina la mayoría, y lo importante que es que exista una institución que lo haga.

Y es que el poder judicial existe precisamente para eso: para defender a los individuos de los abusos del poder, incluyendo evitar que la democracia se convierta en una dictadura de mayorías.

Sin embargo, en este blog y en otros ámbitos de discusión, algunos comentaristas de pensamiento binario y estrecho margen intelectual, y sobre todo porque en el mencionado artículo me atreví a mencionar a la hipocresía del pensamiento de izquierda, y sin mediar un mínimo esfuerzo de comprensión sobre los fenómenos jurídicos e institucionales involucrados, me acusaron de defender dictaduras y de estar a favor de la ley de caducidad de los crímenes de estado.

Es que, cuando se pone en evidencia el doble discurso, la falacia del hombre de paja viene como anillo al dedo para escapar del aprieto lógico (para esa lógica binaria, si no sos de izquierda, sos de derecha y defensor de dictaduras de derecha. Quedan bastante desconcertados cuando tienen que discutir con alguien que a diferencia de ellos, no defiende ninguna clase de dictadura, y no es ni de derecha ni de izquierda, con lo cual tienen que inventarse un personaje falso contra el cual argumentar)

Pues bien, varios meses después, no sólo resulta que tuve razón en aquel momento, sino que el hecho de que no se haya anulado la ley llevó al propio partido de izquierda a buscar eliminar la ley desde el parlamento, doblando la apuesta en cuanto a la discusión sobre la legitimidad del voto de la mayoría.

Hace unos meses la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la ley para un nuevo caso, y ayer lo hizo para veinte nuevos casos. Y así va a seguir haciéndolo en el futuro para más casos. ¿Era necesario entonces, para inhabilitar la ley, legitimar una vez más el proceso por el cual las mayorías imponen su justicia a las minorías?

Pero lo curioso es que, y a pesar de esto, el Frente Amplio y la izquierda en general está embarcada en una campaña para anular la ley desde el parlamento, en contra de lo que la ciudadanía, de forma directa, votó en el plebiscito, lo cual profundiza aún más el doble discurso. Pues con esto están nada más y nada menos que admitiendo que las mayorías no tienen derecho a imponer su justicia al resto (si bien se busca cambiar las cosas también mediante una mayoría, esta vez parlamentaria). Y sin embargo ¿cuál es el argumento con que defienden por ejemplo regímenes como el de Chávez? Que fue votado por la mayoría.

No importa que Chávez esté avanzando en la violación de derechos humanos, persiguiendo y encarcelando a opositores, expropiando propiedades y censurando toda opinión contraria a la oficial o toda información inconveniente, bajo la dictatorial excusa de que están mintiendo y manipulando; o prohibibiendo comprar y vender lo que a uno le plazca por fuera del mercado oficial controlado por el gobierno; o aplastando la independencia judicial necesaria para garantizar los derechos individuales. No, nada de eso importa. Pues Chávez fue votado por la mayoría, y por lo tanto puede hacer lo que se le plazca.

¿En qué quedamos? ¿hasta qué punto las mayorías pueden imponer su justicia a las minorías? ¿tan sólo cuando se trata de asesinatos^*? ¿es acaso el único derecho humano que reconoce la ideología de izquierda, el no ser asesinado? ¿qué hay de la libertad política, la libertad de opinión, la libertad de expresión o simplemente la libertad de comprar y vender lo que a uno le plazca, y que lo que uno haya comprado sea de su propiedad y no venga un día el gobierno a quitártelo porque así lo impuso la mayoría? ¿O será que la mayoría tiene razón y hay que respetarla cuando vota a la izquierda, pero está equivocada y hay que contradecirla cuando no lo hace? ¿será que los derechos humanos de unos valen más que los de otros?

En fin, la izquierda uruguaya, a pesar de ese doble discurso, ha dado un gran paso hacia el descubrimiento de una gran idea que los liberales hace ya varios siglos hemos descubierto y venimos defendiendo: que las mayorías no tienen derecho a imponer su justicia a las minorías.

Ojalá la gente de izquierda tenga algún día la valentía de aceptar todas las implicancias lógicas de esta idea y comience a cuestionarse la legitimidad de ciertos procesos políticos dictatoriales que hoy aplauden y defienden con la más absoluta e irracional fé.

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[*] Si bien, en muchos casos, ni siquiera eso. La izquierda también tiene muchos verdugos entre sus ídolos.

Por qué no votar la anulación de la ley de caducidad

La razón es sencilla. Porque para asegurar que nunca más mediante un plebiscito se sancione una ley que establezca la caducidad de los crímenes de estado, primero, no se puede legitimar una herramienta para hacerlo, y segundo, porque si no se anula mediante un plebiscito, se forzaría el camino jurídico para la declaración de inconstitucionalidad de la ley, como ya empezó a hacerse en estos días. Este es el mecanismo más adecuado para descartar leyes que consienten los crímenes de estado o cualquier otra ley que en general viole los derechos de los individuos.

Esto último además sentaría el precedente de contrapeso jurídico a la ley de las mayorías que tanto daño hace a las sociedades, que tanta división genera, sobre todo cuando se la instituye con poder absoluto, como en el Uruguay. Sería además un paso importante para instituir una suprema corte que participe más activamente en su función contra los abusos de los otros dos poderes. Y todo esto le convendría a todos, porque si un día alguien cree que sale perdiendo porque la suprema corte invalida una ley o decreto que le beneficia a costa del perjuicio de otros y que haya sido votada o legitimada con una mayoría, saldrá ganando en cambio cuando el poder lo detenten opiniones opuestas que a su vez pretendan imponer condiciones perjudiciales a la minoría a la que ese alguien pertenece, y encontrará en el poder jurídico una defensa contra ese avasallamiento.

Lamentablemente el votante uruguayo, y en general el votante latinoamericano, piensa de otra manera. Piensa en términos de mayorías, en términos de dominar las voluntades de los que piensan diferente, para someterlos a la opinión propia. Así que no espero mucho de él. Lo veo todo el tiempo en los simpatizantes de todos los partidos políticos, y lo veo sobre todo en los simpatizantes de un gobierno que ha contado con la mayoría parlamentaria absoluta como hace mucho tiempo ninguno contaba. El poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente, decía Lord Acton. Y no solo a los gobernantes con poderes absolutos, sino también a sus simpatizantes, que justifican con fanatismo todas las acciones de sus líderes en el gobierno sin importar su medida. Pues corrupción no significa sólamente cometer delitos previstos en el código penal, sino también usar el poder para legalizar procedimientos que violan los derechos de las minorías o los invididuos particulares, estableciendo desigualdades legales.

Todos iguales ante la ley. Eso es lo que todos queremos, ¿no? ¿o es sólo un slogan para usar contra los enemigos de turno? ¿O dictadura es sólo cuando quien detenta el poder absoluto es el enemigo político? Yo no soy republicano, pero antes que vivir en una sociedad donde manda el más fuerte, prefiero hacerlo en una república. Y Uruguay dista mucho de ser una.

Y para que lo sea se necesita ponerle límites a la ley de las mayorías, ley capaz de avasallar lo que sea y sancionar engendros jurídicos y morales como la caducidad de los crímenes de estado, entre muchos otros lastres de esta sociedad, que se fueron pergeniando e institucionalizando durante la mayor parte de los casi dos siglos de historia de este país, incluyendo a este último gobierno, que se vanagloria de haber llegado para cambiar las cosas.

En resumen, me parece bien que se anule la ley de caducidad. Pero me parece mejor aún que no se anule, y que la suprema corte declare la inaplicabilidad de la ley para cada caso cada vez que el demandante así lo requiera (que va a ser siempre). De esta forma, se eliminan dos pájaros de un tiro: la ley de caducidad (no anulada, pero sin efecto práctico) y la supremacía absoluta del mecanismo que la promulgó: la ley de mayorías.